El reciente anuncio de la imposición de aranceles del 25% a los automóviles importados desde México a Estados Unidos ha generado una fuerte preocupación, ya que esta medida parece contradecir lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este acuerdo comercial, que entró en vigor en 2020, establece que los bienes que cumplan con sus reglas de origen deben circular sin aranceles entre los tres países. En el caso del sector automotriz, el tratado exige que al menos el 75% de las partes de un vehículo sean de origen norteamericano para beneficiarse de la libre circulación sin impuestos adicionales. La imposición de aranceles de manera unilateral vulnera estos principios y afecta la integración económica de América del Norte.

El T-MEC también contempla mecanismos para resolver disputas comerciales. Según el Capítulo 31 del tratado, si un país considera que otro está violando sus compromisos, puede iniciar un proceso de solución de controversias a través de un panel de resolución. México tiene la posibilidad de utilizar este recurso para impugnar la decisión de Estados Unidos y exigir su cumplimiento. Además, en casos anteriores, el gobierno mexicano ha respondido con aranceles de represalia sobre productos estadounidenses como una estrategia para contrarrestar medidas proteccionistas.

Una de las posibles justificaciones de Estados Unidos sería la seguridad nacional, un argumento que ha utilizado en el pasado bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Sin embargo, el T-MEC impone ciertas restricciones al uso de esta cláusula entre sus miembros, por lo que México podría desafiar esta decisión legalmente. De no encontrar una solución dentro del tratado, México también podría recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque este proceso suele ser más largo y complejo.

Si Estados Unidos impone aranceles del 25% desde México, los principales afectados serían la industria automotriz mexicana, los consumidores y concesionarios en EE.UU., así como las empresas automotrices globales con operaciones en ambos países.  Otro punto importante a considerar es que hasta un 70% de la producción de vehículos en México no cumple con la disposición de tener al menos el 75% de las partes de un vehículo sean de origen norteamericano.

México, como uno de los mayores exportadores de vehículos a Estados Unidos, vería una caída en sus exportaciones, lo que impactaría la producción y el empleo en ensambladoras y proveedores de autopartes. En EE.UU., los consumidores enfrentarían un aumento en el precio promedio de los automóviles entre 3,000 y 5,000 dólares, afectando la demanda y las ventas en concesionarios. Además, las empresas automotrices tendrían que reestructurar su producción y absorber parte de los costos, reduciendo sus márgenes de ganancia. En términos macroeconómicos, México sufriría una reducción en la inversión extranjera en el sector automotriz, afectando el empleo y la estabilidad del peso frente al dólar. En general, esta medida podría debilitar la competitividad de América del Norte en la industria automotriz, encareciendo la producción y generando incertidumbre en el comercio regional.